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Transparentar el fisco
E. M. Zaragoza

Transparentar el fisco
E. M. Zaragoza

A nadie agrada pagar impuestos. Pero pues ahí está el artículo 31 de la Constitución General de la República, que impone a todos los mexicanos la obligación de pagar impuestos por todo. Hasta por trabajar. A los empleados, el descuento llega a ser de hasta más de un tercio del sueldo, y el cheque llega ya rasuradito.

Con mil transas, muchos contribuyentes, chicos y grandes, sencillamente evaden al fisco. Tan sólo en 2016 la evasión fue de 510 mil millones de pesos. Esa cantidad equivale a lo que el gobierno de Querétaro aportaría a la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), considerando el monto de este año, por los siguientes ocho siglos. La evasión directa es un problema grave. Otro es que, con artes más sofisticadas --eso sí, muy formadas en la fila de la legalidad--, contribuyentes poderosos obtienen devoluciones y cancelación de créditos fiscales de escándalo.

Por informes oficiales, se sabe que en la segunda administración federal panista y la expirante del PRI, se perdonaron impuestos a poderosos corporativos privados por 200 mil millones de pesos. Entre esos favorecidos está, por ejemplo, un pobre negocio del entretenimiento llamado Televisa, que en tan sólo un año le fueron condonados nomás 3 mil 300 millones de pesos. Dicho sea de paso, me gustaría saber qué piensa de esto un apóstol de la democracia como Enrique Krauze, que oficia, por cierto, como integrante del consejo de administración de Televisa.

Pero no es todo. Como si la evasión y los perdones no fueran suficientes, habrá que agregar un condimento más: la lista de los beneficiarios de esos privilegios fiscales es mantenida por el SAT en el más celoso secreto. En el ejercicio de su derecho a saber, organizaciones ciudadanas han conseguido que el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) dicte nada menos que una veintena de resoluciones para que el organismo hacendario divulgue esos datos. Con cinismo encubridor y reincidente, el SAT sencillamente ha incurrido en desacato una y otra vez. Y ni los amparos consiguen que obedezca. Como al SAT le ha valido, el INAI ha presentado 14 denuncias por desacato ante la contraloría federal… ¡pero tampoco ha pasado nada!

Del gobierno que inicia en dos meses espero que, llegando, revele esa información que por más de 20 veces le han ordenado que revele. ¿Para qué? Nomás para que obedezca y para satisfacer la envidia popular y nuestro morboso derecho a saber. Abrigo la esperanza de que la nueva administración someta a revisión todos los perdones fiscales acumulados al menos en los últimos 18 años, y de haberse producido indebidamente inicie los procedimientos jurídicos para que el dinero sea reintegrado al erario.

Y que, además de eso, se inicien los procedimientos legales para fincar responsabilidades a los funcionarios por desacato de resoluciones y sentencias obligatorias. Y como mi pliego petitorio intuye que el Congreso de la Unión también gobierna, y la coalición gobernante tiene la mayoría necesaria para hacerlo, espero que se apruebe una ley de abolición de los privilegios fiscales de los grandes corporativos privados. Amén.

Ciudad de Querétaro, septiembre 27, 2018

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